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Cinco familias venezolanas presentaron una demanda civil en un tribunal de Estados Unidos contra el expresidente Nicolás Maduro, amparada en una ley de protección a las víctimas de tortura. El abogado Reed-Hurtado explica que se le acusa de ejercer control sobre las FAES, señaladas de cometer asesinatos sistemáticos presentados como muertes por resistencia a la autoridad.
Se trata de una demanda civil ante un Tribunal de los Estados Unidos contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro. En virtud de una ley de protección a las víctimas de tortura. Este tipo de demanda responde a un recurso que existe en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Es la posibilidad de buscar justicia por eventos que han acontecido por fuera del territorio de Estados Unidos, cuando el nivel de gravedad y el tipo de evento está cobijado por una noción de extraterritorialidad.
En este momento cinco familias venezolanas, han optado por recurrir a este tipo de mecanismo para demandar la responsabilidad de quien fuere presidente en ese momento. Se argumenta que el demandado ejercía control y comando sobre una fuerza de seguridad particular dentro de la Policía Nacional bolivariana, que son las FAES y que cometieron una serie de asesinatos de maneras sistemáticas que presentaban como muertes por resistencia a la autoridad.
Cinco familias venezolanas presentaron una demanda civil en un tribunal de Estados Unidos contra el expresidente Nicolás Maduro, amparada en una ley de protección a las víctimas de tortura. El abogado Reed-Hurtado explica que se le acusa de ejercer control sobre las FAES, señaladas de cometer asesinatos sistemáticos presentados como muertes por resistencia a la autoridad.
Maduro es quien activa la fuerza de acciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana en el 2017. En este momento plantea que es una fuerza que viene a sumarse al combate por la seguridad, contra el crimen y contra el terrorismo en Venezuela. Sin embargo, estas fuerzas activadas, una fuerza élite táctica, inmediatamente opera de manera anonimizada y rápidamente muestra que su letalidad es arbitraria.
Se trata de un grupo de personas que han reclamado justicia durante muchos años. Esta manifestación de Justicia y esta demanda de Justicia, es uno de los pasos que estas familias han dado desde hace años, casi una década para reclamar la muerte injusta de sus familiares. La muerte sistemática de jóvenes venezolanos empezó a registrarse desde el 2015 2016 2017 y fue incrementando justo en el 2017 la misma autoridad venezolana reporta que hay casi 5000 muertes por resistencia a la autoridad.
Las personas que estaban siendo asesinadas acá presentan un cuadro de discriminación extremo, por pobreza, por juventud, por marginalidad. Era común utilizar nombres como los choros o negros que eran los muertos, los pandilleros, los bandidos y es como si se estuviera creando una especie de sub-humano matable.
Maduro está respondiendo por unos cargos penales que le han formulado y él debe defenderse frente a sus cargos penales. En este caso esto es una demanda civil. No toca nada con la causa penal. Es justamente un ejercicio de unos ciudadanos representados por nosotros y por nuestros socios.
Esta demanda está ligada a otro tipo de dinámica, es una demanda que trata de focalizarse sobre un patrón sistemático en donde las fuerzas de seguridad a partir del 2015 y visiblemente desde el 2016 17 empieza a adquirir la letalidad absoluta centralidad en la lucha contra diferentes formas de criminalidad en Venezuela y particularmente en contextos urbanos.







